©
2015 Federico Talens
Alesson
Preámbulo.
Existe una
tendencia a mirar hacia atrás a una época en que las universidades
eran centros de democratización en España.
Esto
aparentemente ha creado la impresión de que lo siguen siendo, y no
simplemente establecimientos burocráticos cuyo personal no difiere
de otros colectivos en sus actitudes éticas y políticas. Como en
otro documento, refiero otra vez al lector a la web de Corruptio, la
Plataforma contra la Corrupción en la Universidad Pública
(www.corruptio.com)
En este
sentido, y después de treinta años de autonomía universitaria, es
el momento de plantearse si dicho modelo es válido. Si consideramos
los escándalos por plagio, la endogamia, los procesos por diversas
actividades fraudulentas (venta de titulaciones a través de campus
extendidos en el extranjero), la respuesta parece ser que no.
Si rechazamos
una visión romántica de la Universidad y aceptamos que toda
actividad debe estar auditada y se debe esperar responsabilidad de
quien está a cargo, parece lógico planear que la autoridad se debe
establecer desde arriba.
Borrador de
Propuesta.
Desmantelamiento
de la burocracia de las Universidades. Las funciones de rectorado y
recursos humanos deben transferirse a una Oficina Rectora dependiente
directamente del Comisionado de Universidades de la CCAA. En todo
caso, pueden existir oficinas rectorales provinciales para hacerse
cargo de los distintos centros en una división más pequeña que una
comunidad autónoma.
La razón de
esta propuesta, aparte de empezar a suprimir el exceso de burocracia
de las universidades es que el modelo renacentista-ilustrado de
universidad de docencia e investigación es obsoleto. La demanda
actual de formación superior requiere gente con un perfil docente
marcadamente extrovertido y empático, que es radicalmente diferente
del perfil introvertido e introspectivo deseable en un investigador.
Las Universidades deben pasar a ser organizaciones esencialmente
docentes, y por tanto algunas de las razones para la superestructura
administrativa (proyección exterior, relación universidad-empresa)
deben pasar a ser superfluas.
La Unidad
académica independiente básica sera la Facultad, Escuela Superior o
Academia (ciencia, tecnología o humanidades).
El decano de
la facultad será un gestor asignado por la Oficina Rectora,
contratado como una profesional de alto nivel con capacidad gerencial
mediante una oferta de trabajo y un proceso de selección profesional
convencional. Responderá a la Oficina Rectora. Será su
responsabilidad supervisar el cumplimiento docente, las asignaciones
de los docentes a las distintas asignaturas, la organización de
horarios de teoría y practica etc. Sus decisiones se basaran en
criterios de equidad y eficiencia.
En mi
experiencia, los procesos administrativos para gestión de quejas son
ineficientes porque permiten jugar un juego de agotamiento con el
afectado. Toda queja debería hacerse directamente a la Oficina
Rectora, tanto si el decano esta implicado como si no. Si esta
implicado porque es una perdida de tiempo hacerle una alegación a él
contra alguien a quien encubre o protege (incluido el mismo) y, si no
esta al tanto, porque en realidad se puede considerar que no es
asunto suyo investigar alegaciones de conducta irregular sino que,
caso de enterarse por su cuenta, debiera en cualquier caso
notificarlo directamente al rectorado como su forma normal de
actuación.
El
profesorado de la Facultad tendría una orientación docente,
vinculada a su experiencia en investigación, industria, artes
liberales o profesional relevante. Aunque se permitiría como
ejercicio intelectual realizar alguna investigación, no se primaria
ni se consideraría criterio mayor de evaluación.
El
profesorado basaría su docencia en materiales docentes normalizados,
basados en un currículo nacional para el estudio impartido en esa
facultad. Esto no implicaría que ellos no pudieran adaptar su
contenido, sino que seria una manera de proveerles de actualizaciones
del material docente sin requerir un esfuerzo redundante por parte de
cada docente del país a la hora de actualizar el temario de sus
asignaturas.
Existe
una cierta idea de que el personal de administración y servicios y
los estudiantes deberían estar implicados en la gestión de las
universidades. Es difícil imaginar que podría aportar gente no
cualificada (especialmente si se deroga la autonomía universitaria)
al buen gobierno de las universidades.
Esto no
obstante, es evidente que los estudiantes deberían t6ener sistemas
eficaces de reclamación contra prácticas como absentismo de sus
docentes (la típica historia de catedrático mandando en su lugar a
un becario a dar sus clases)
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